Gobierno uruguayo advierte peligro en plebiscito sobre jubilaciones
MONTEVIDEO, 9 sep (Xinhua) -- La ministra de Economía de Uruguay, Azucena Arbeleche, advirtió hoy lunes que la propuesta de reforma constitucional, que revierte la reducción de la edad mínima de jubilación a 60 años y elimina el sistema privado previsional, "cambia las reglas del juego" y perjudica al país.
Según Arbeleche, no tiene sentido estimar el impacto económico de la reforma porque implica "un cambio de escenario" que va más allá de un aumento de impuestos, "es un romper las reglas de juego, es algo que no caracteriza a nuestro país".
"Si se cambia la Constitución, no tiene mucho sentido aterrizar esto en el aumento de impuestos porque las consecuencias son mucho más que aumentos de impuestos y aumentos de los aportes", afirmó Arbeleche tras reunirse con la Asociación Rural del Uruguay (ARU) en la 119 Expo Rural Prado.
Para la ministra, si triunfa el Sí en el plebiscito de octubre "se confiscan los ahorros de los trabajadores" y se pierde "uno de los grandes activos que tenía el Uruguay, que es el respeto por las reglas de juego".
La reforma, impulsada por el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y sectores del Frente Amplio (FA), busca reducir la edad mínima de jubilación a 60 años (anulando el aumento a 65 implementado por el gobierno de Luis Lacalle Pou), eliminar el sistema de ahorro privado y vincular la jubilación mínima al salario mínimo.
Los cuatro candidatos presidenciales de la gobernante Coalición Republicana firmaron en julio pasado una declaración en contra del plebiscito, mientras que Yamandú Orsi, candidato del FA, rechaza la reforma constitucional a pesar de que algunos sectores de su partido la promueven bajo la libertad de acción otorgada.
El plebiscito, que será simultáneo con las elecciones nacionales el próximo 27 de octubre, se llevará a cabo tras la validación de las firmas necesarias por la Corte Electoral.
El presidente Lacalle Pou ha defendido la reforma jubilatoria aprobada en abril de 2023, calificándola de "sostenible", en contraste con la propuesta del plebiscito, que considera "insostenible".
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